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El privilegio y el fraude que representan las dietas que cobran los parlamentarios no solo es un asunto del Congreso de los Diputados. La Justicia tendrá que aclarar si son legales las de 58 diputados denunciados por el 15-M por cobrar 1.823 euros mensuales en dietas de alojamiento, cuando tienen viviendas en Madrid y ese cobro no les corresponde.Uno de ellos es el propio presidente del gobierno Mariano Rajoy. Pero situaciones parecidas se dan en otros parlamentos. En el asturiano, la Junta General del Principado, la asociación Conceyu por Otra Función Pública- que agrupa a funcionarios en lucha contra la corrupción, los privilegios y la dedocracia- estima que el cobro de 933,74 euros mensuales para cada uno de los 45 diputados por manutención y estancia es inadmisible. Conceyu entiende que eso supone que los diputados cobran esa cantidad “para comer y dormir”. Y también que esos cobros son un privilegio fiscal, porque están libres de impuestos. También son sospechosos, a juicio de la asociación, algunos cobros por kilometraje de diputados que teóricamente viven fuera de Oviedo, sede de la Junta General.
ATLÁNTICA XXII se hizo eco en su número 23, aparecido en noviembre de 2012, del perfil profesional de los diputados autonómicos asturianos. La mayoría llevan la mayor parte de su vida liberados y dedicados a la política. El reportaje, que reproducimos a continuación, lo elaboraron Patricia del Gallo y Xuan Cándano.
EL CHOLLO DE LA POLÍTICA
Patricia G. del Gallo y Xuan Cándano, periodistas
Si en Asturias se eliminaran los sueldos de los diputados, como en Castilla-La Mancha, casi la mitad de sus señorías tendrían serios problemas laborales o acabarían en el paro. La política es una actividad muy bien remunerada y un verdadero pulmón laboral, en muchos casos sin límite, para mucha gente que no tiene otra actividad profesional.
Pedro Sanjurjo era fontanero en los primeros años de la Transición, cuando tras la muerte de Franco empezó a gestarse una nueva clase política con la democracia. Regentaba un negocio en el barrio de La Arena de Gijón y muchos gijoneses lo recuerdan instalando el calentador en sus domicilios. La política cambió su vida, no precisamente para mal. Con 17 años se afilió a las Juventudes Socialistas, en 1988 se convirtió en secretario de la agrupación socialista gijonesa, durante una docena de años fue concejal, llevando áreas tan importantes como Hacienda o Urbanismo, y ahora es diputado y preside la Junta General del Principado.
No se puede decir que Sanjurjo, a sus 53 años, no sea un representante natural de sus señorías, porque su perfil es muy habitual en el parlamento autonómico. Su antecesor en el cargo, Fernando Goñi, no acabó la carrera de Derecho y no tuvo otra dedicación profesional que la política, una actividad a la que se dedica desde que a los 18 años se afilió a las Nuevas Generaciones del PP. Ahora es secretario general. De diputado lleva 21 años y tiene 46.
De esta fiebre de la profesionalización de la política, que ahora los ciudadanos empiezan a cuestionar con la crisis, no se libra ningún partido, aunque en la Junta General afecta especialmente a los más veteranos, PSOE, PP e IU.
El portavoz parlamentario socialista, Fernando Lastra, es licenciado en Filosofía, Ciencias de la Educación y Pedagogía, aunque su trabajo siempre fue la política, a la que lleva dedicado toda su vida laboral. Tiene 54 años y solamente en el Parlamento lleva 24. Empezó de concejal en Cangas del Narcea.
Otra diputada que ostentó la presidencia de la Junta General, la socialista María Jesús Álvarez, también es de las que parece pegada al sillón político, e incluso al coche oficial. Lejanos son ya los tiempos en los que se la podía ver atendiendo a los clientes tras el mostrador de un negocio familiar en Pravia, donde fue concejal. Lleva 21 de sus 50 años en la vida pública, ahora de Consejera de Medio Rural, aunque es licenciada en Geografía e Historia.
Los ayuntamientos son una verdadera escuela y un centro de iniciación para los profesionales de la política. Para algunos fue un largo preámbulo, como para el exalcalde de Cudillero, Francisco González, que a los 26 años era concejal y ya ha cumplido los 55. Estuvo 21 años al frente del Ayuntamiento, hasta que debutó como diputado autonómico este mismo año, coincidiendo con varias denuncias judiciales en las que se le acusa de prevaricación. Lleva 29 años en política y ya apenas se acuerda de los diversos trabajos que tuvo o emprendió cuando era un ciudadano de a pie. Aún tiene participación en un negocio funerario que regentó en Cudillero, la última ocupación privada que se le recuerda.
Cursar estudios
Entre los diputados más recientes del PSOE también predomina este perfil de joven que se mete en política para no salir, que tienen por ejemplo Marcelino Marcos y María Judit Flórez. Llamativo es el caso de José María Pérez, que lleva 22 de sus 40 años en política. En su web figura “cursó estudios”, ese eufemismo que utilizan los cargos públicos para decir que no acabaron la carrera, en este caso Economía y Turismo. Sin embargo su carrera política es meteórica y está plagada de cargos. Hasta 10 figuran en su web, todos mientras fue concejal en Gijón y de los asuntos más variopintos (educación, juventud, servicios sociales, ciencia y tecnología, turismo y naútica).
Cursando estudios en la Universidad, Antropología Social y Cultural concretamente, está ahora mismo la diputada Adriana Lastra, que tiene 33 años y es militante socialista desde los 14.
A veces el trampolín hacia la profesionalización política puede ser un ayuntamiento tan modesto como el de Cabranes, donde el alcalde socialista, Alejandro Vega, compatibiliza el puesto con el de diputado autonómico, para lo que tiene dedicación exclusiva. Vega acabó Derecho, pero le tira más la política, a la que lleva dedicado 21 de sus 39 años. Trabajó dos años en una empresa de recursos humanos, pero desde que en el año 2000 le nombran jefe de gabinete de la Consejería de Asuntos Sociales no dejó el despacho oficial, aunque también fue empresario de turismo rural.
Caso especial es Pilar Alonso, de 54 años, la única diputada que reconoce en su web haber estado al paro, en concreto un año. Fue cuando dejó de ser consejera en el gobierno socialista de Pedro de Silva, donde estuvo de 1987 a 1991. Maestra de profesión, Alonso también fue en esos años en los que abandonó la política, o la política le abandonó a ella, autónoma y trabajadora en el sector privado. Volvió a ocupar cargos públicos en 2003, como concejal en Oviedo, y luego pasó a la Junta General, donde continúa.
En el PP su portavoz en la Junta, Mercedes Fernández, se puso de ejemplo cuando salió en defensa recientemente de las medidas que aplica María Dolores de Cospedal, recordando que hubo una época en la que era concejal y daba clases en la Universidad. Pero es de las que lleva más de media vida dedicada a la política y acumulando cargos, entre ellos diputada en el Congreso, Delegada del Gobierno y síndica, una ocupación por la que fue acusada de ejercer de militante popular más que de profesional de la fiscalización de los dineros públicos, aunque Cherines es licenciada en Derecho.
Además de Goñi, otro ya veterano político en la bancada popular de la Junta sin otra experiencia laboral que la de la vida pública es José Agustín Cuervas-Mons, que anda por el medio siglo de vida y a los 25 años ya era concejal en Oviedo. Es licenciado en Derecho.
El panorama a este respecto no es muy diferente en Izquierda Unida. Noemí Martín conoció el gusanillo de la política en su propia casa, porque es hija de otra expresidenta de la Junta, Laura González. Noemí es diplomada en Trabajo Social, pero desde que a los 17 años ingresó en las Juventudes Comunistas su ocupación es la política. Fue consejera como su madre y lleva 17 años como diputada, aunque solo tiene 44.
Otra de las mujeres en el grupo de IU, Marta Pulgar, es ocho años más joven, pero su carrera es parecida. Es licenciada en Derecho y a los 24 años ya era concejal en Siero, donde estuvo en el equipo de gobierno. Llevó la gerencia de Vipasa y apenas estuvo en el “paro político”, porque tras la salida de IU del gobierno autonómico ocupó recientemente el escaño que dejó para ir al Senado Jesús Iglesias, otro veterano que lleva muchos años acumulando cargos.
Aurelio Martín, de 52 años, es maestro industrial, pero no ejerce de tal y es otro de los que lleva más de media vida en la política. A los 20 años entra en las Juventudes Comunistas y cuatro más tarde ya es miembro del comité central del PCE. Estuvo liberado varios años en IU, donde fue secretario de organización de 1989 a 1995. Desde el 2000 es diputado y fue consejero de Medio Rural.
En Foro nacieron con la bandera de la regeneración política y la acusación de vividores y fósiles de la política a los miembros del núcleo dirigente del PP, empezando por Ovidio Sánchez, fue una de las justificaciones para crear el nuevo partido de la derecha asturiana. Pero en cuanto a permanencia en los cargos Francisco Álvarez-Cascos no está precisamente para hablar. Es ingeniero de Caminos, pero apenas ejerció su profesión y su carrera política no cesó desde que se inició como concejal en Gijón en 1979, con la excepción del periodo de 2004 a 2011, cuando se retiró de los focos sintiéndose despechado por los dirigentes nacionales del PP. Al margen del breve paréntesis como presidente del Principado, desde entonces se dedica a los negocios, aunque también es el único que cobra un sueldo de su partido, a lo que hay que sumar sus ingresos como parlamentario y curiosamente más de 1000 euros anuales de la Fundación FAES del PP.
Tampoco es un ejemplo en relación a esos mensajes regeneradores de Foro su propia portavoz en la Junta, Cristina Coto. Es abogada, pero tampoco luce toga. Lleva desde 1999 ocupando cargos políticos, primero en el PP. Y, aunque solo tiene 42 años, conoce muy bien el Parlamento: antes de ser diputada, a partir del 2003, trabajó en el grupo parlamentario popular.
No se critica a quien te paga
Todos estos casos no son los únicos, aunque puede que los más significativos en relación a la profesionalización de la política en el Parlamento, porque el listado sería interminable si nos referimos a militantes o afines colocados en los propios partidos, en la Administración o en otros ámbitos de la vida pública.
Y desde el punto de vista político o institucional está claro que una casta, con parecidos intereses profesionales al margen de siglas e ideologías, ejerce el poder en Asturias y también forma una especie de tapón generacional, aunque algunos jóvenes se hayan incorporado recientemente a la Junta General, como Marcelino Torre, abogado, secretario general de las Juventudes Socialistas de España e hijo del consejero Graciano Torre. Esta falta de renovación condena a la política asturiana a la esclerosis.
Los partidos se han convertido en gigantescas agencias de colocación y miles de personas viven de ellos, lo que evita posiciones críticas internas y limita la defensa de los intereses generales. “Como vas a ser crítico con quien te da de comer”, se pregunta Ignacio Prendes, el único diputado en Asturias de UPyD, un abogado que de momento sigue en su despacho (aunque lo piensa cerrar) y para el que su partido impone un tope de dos mandatos en el cargo.
La obediencia ciega al partido parecía un dogma de los comunistas, como demuestran unos versos de Bertol Brecht, que el psiquiatra Guillermo Rendueles pone como ejemplo de la abdicación de la razón que él mismo admitió cuando era militante: Un solo hombre tiene dos ojos/ El partido tiene miles de ojos/ Un solo hombre tiene una sola hora/ El partido tiene muchas horas.
Pero la dependencia del Partido, con mayúsculas, ya no entiende de ideologías entre los políticos, ni corresponde a lo emocional, sino a lo económico. Y, si somos generosos, es de entender. La política es una actividad muy bien remunerada, como demuestra la reciente publicación del patrimonio de los diputados de la Junta, aunque muchos ocultan datos. Sus cuentas corrientes, sus inversiones y sus propiedades están muy por encima de la depauperada clase media española, que está empobreciéndose a pasos agigantados. Poco más de la mitad tienen un título universitario, pero la mayoría tienen dos coches, no precisamente baratos, y alguno tres. Pedro Sanjurjo por ejemplo, por seguir mostrando el espejo de la presidencia de la Cámara, declara tres casas, un piso, una finca y dos coches, aunque todas estas propiedades a medias, se supone que con su esposa María José Ramos, la exconsejera ahora apartada de la política, de la que disfrutó también muchos años.
Más fame que Carpanta
Pero los diputados más adinerados están sin duda en la bancada de Foro, destacando los empresarios Carmen Sela, José Antonio Martínez y Pelayo Roces. Éste último es el que más declara de la Junta. Solamente por su actividad empresarial en Siero el año pasado ganó, según su declaración, 223.639 euros.
Pelayo Roces es de los que cree que la profesionalización de la política es un cáncer. Siempre compatibilizó sus cargos públicos con su trabajo, en su caso como empresario, algo que cree que debería ser norma: “A la política debe llegarse desde la experiencia en un trabajo o profesión, para estar una temporada, larga o corta pero limitada, y volver luego a la vida privada. Los políticos profesionales que nunca cotizaron un mes a la Seguridad Social en un empleo o profesión son muy peligrosos y negativos para la sociedad”. A veces, Roces apuntó con el dedo a algún diputado, como cuando se refirió a Fernando Lastra en la Junta, lo que provocó un desagradable incidente entre ambos. Le espetó al socialista que si no fuera por la política “algunos iban a pasar más fame que Carpanta”.
En conversación con esta revista, Lastra enfatizó que la política es una actividad voluntaria y que en su caso se gana el sueldo con un duro trabajo, que exige dedicación constante, incluidos sábados y domingos. El portavoz parlamentario socialista no está por la limitación de cargos que pondría fin al suyo: “Si alguien es válido y lo demuestra, ¿Por qué vamos a prescindir de su experiencia y sus conocimientos porque ha llegado a un tope?”. “¿En qué empresa echan a la calle a los más capaces por estar más tiempo, sería insólito”, argumenta.
En el PP piensan algo parecido. El diputado Luis Venta, que es funcionario y está en comisión de servicios en el Parlamento, cree que está bien que a la política se pueda llegar “desde cualquier lugar” y que si el que accede a un cargo demuestra su valía no hay porque limitar su mandato. Opina que si la política resulta un privilegio es porque permite “ver las cosas de otro modo” y que no es justo “demonizar a nadie”.
Más radicales aún en defensa del actual sistema son en IU, donde consideran incluso que se trata de un tema interno. Su portavoz en la Junta, Ángel González, que es maestro, rechaza el debate público al respecto: “Nadie debe inmiscuirse en eso. Si a los ciudadanos no les gusta cómo nos organizamos pueden actuar en las urnas”. IU pone topes a los cargos, aunque reconocen que no siempre se cumplen. Ángel González justifica estos incumplimientos porque cada caso “depende de muchos aspectos” y entiende que acabar con la profesionalización sin límites de los políticos sería un retroceso. “¿Por qué vamos a dilapidar la experiencia en la gestión de nuestra gente?”, se pregunta.
Además de la limitación a dos legislaturas, tres como máximo en algunos casos algo que no cumpliría su máxima dirigente Rosa Díez, si le sumáramos sus mandatos representando al PSOE), UPyD exige a sus diputados electos haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de dos años. Ignacio Prendes señala que “hay que facilitar la entrada y la salida de la política a todos” y su propio caso es un ejemplo de lo que pretende su partido: “No queremos profesionales de la política sino profesionales en la política”. Los críticos con este ideario le reprochan incoherencia al contratar para un solo diputado a seis asesores, personas que también pasan a vivir de la política.
EL MODELO SUIZO
El filósofo y escritor Antonio Escohotado expuso hace años que un político debería ser como un presidente de una comunidad de vecinos, una persona obligada unos pocos años a ejercer una labor cívica representando a la colectividad. Escohotado también se declaraba entonces totalmente partidario del modelo suizo, ahora tan alabado por su democracia directa y las limitaciones a la profesionalización de sus políticos.
Escohotado y sus seguidores fueron visionarios, porque el modelo suizo de representación política se ha puesto de moda y se ha convertido en un referente, y no solo por la democracia directa con sus continuas consultas populares.
En Suiza los políticos no son profesionales ni cobran sueldo. En el Parlamento federal, por ejemplo, los diputados cobran una indemnización anual de unos 11.000 euros, lo que viene a suponer dos sueldos de un ciudadano medio. Los políticos suizos no consideran que su dedicación a la vida pública sea comparable a un empleo y conservan los suyos mientras la ejercen. Para ellos, acceder a un cargo público es una obligación cívica, un deber como el servicio militar. No hay límite de mandatos, aunque es costumbre que nadie esté en política más de ocho años, algo que también les parece natural.
En el gobierno federal solo hay siete ministros y la presidencia se rota entre ellos. Ministros y presidentes cobran unos 400.000 euros al año, un sueldo medio/alto en Suiza, pero no excepcional.
En España hay cada vez más partidarios del modelo suizo y hay quien hace propuestas más innovadoras, como que los políticos no ocupen sus cargos más de ocho años y durante ese tiempo cobren exactamente lo que percibían en el trabajo que tenían antes de acceder a la vida pública.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ramón Punset, es de los que está preocupado por la desafección de la ciudadanía ante la política y ve la necesidad de medidas urgentes para paliarla, aunque apela a la prudencia. Para las listas abiertas, por ejemplo, que ya existen en el Senado y no alteran para nada el status quo electoral, Punset cree que “no estamos aún preparados los españoles”, porque exigirían una actitud más activa de la ciudadanía ante la política. “Para la mayoría sus representantes son unos grandes desconocidos, apenas identificamos a unos pocos que se han convertido para nosotros en máquinas de votar”, observa el catedrático. Punset es de los que piensa que los políticos tienen que cobrar buenos sueldos porque si queremos buenos profesionales para gestionar nuestros asuntos “hay que pagarles como tales”.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo, Oscar Buznego, rechaza que el debate se centre en lo que cobran los políticos, porque en su opinión lo que habría que modificar sería el sistema electoral para permitir que los parlamentos cambien de caras con mayor frecuencia.
Fuente : atlanticaxxii.com